Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman, publicada en revista El Periodista, el 20 de octubre de 2006. En opinión de un ex Contralor General de la República los órganos del Estado más propensos a violar las leyes son los municipios y en nuestra opinión ello sucede porque prácticamente nadie los fiscaliza y en las pocas ocasiones en que la Contraloría resuelve que los actos administrativos de ellas son viciados, los alcaldes y otros funcionarios de menor rango inventan triquiñuelas para desobedecer los dictámenes del ente contralor. Entre paréntesis, en los organismos del poder ejecutivo también existe una tendencia a quebrantar los marcos regulatorios, casi siempre accediendo a peticiones del sector privado que clama por la "flexibilidad" en pos de la necesaria inversión que tanto bien le hace al país. En Junio y Julio pasado la Contraloría en 2 contundentes dictámenes había determinado que 19 permisos de edificación, por un monto del orden de los 500 millones de dólares, otorgados por la Dirección de Obras de Las Condes, con normas urbanísticas permisivas ya derogadas, estaban viciados, lo que significaba que la autoridad competente necesariamente tenía que anularlos. Aprovechándose de una ocurrente y oportunista interpretación, el Director de Obras no asumió su responsabilidad legal de revocar dichos permisos porque el Alcalde motu proprio había decidido resolver caso a caso, a pesar de que carecía de atribuciones para ello y concluyó que no se justificaba anular tales actos administrativos. Es más, en una actuación de características surrealistas, llegó a decir que a partir de ahora los permisos se iban a otorgar correctamente. Como dicen los jóvenes, quería que todo "pasara piola". Ante esa pretensión, más de alguien podría decir que allí opera a cabalidad la "Agenda Pro Descontrol". Observamos por lo tanto que ese intento alcaldicio pretendía establecer un manto de impunidad y con ello darle curso a la competencia desleal, porque no todos los inmobiliarios actúan con el tejo pasado. Afortunadamente apareció en los últimos días un nuevo dictamen de la Contraloría ordenando la casa. Dió instrucciones precisas a ese díscolo municipio en cuanto a que sólo el Director de Obras tiene competencia para resolver las materias que pasan por esas oficinas técnicas. En uno de sus dictámenes el ente contralor fue muy explícito al afirmar que "se concluye que el procedimiento ad hoc utilizado por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes en cuanto a considerar vigentes anteproyectos en que había caducado el plazo legal desde la notificación de su aprobación, y a prolongar esa vigencia durante todo el lapso en que no se pagaron derechos municipales a la sazón inexistentes, no se ha ajustado a derecho, por lo que procede hacer efectivas las responsabilidades administrativas que correspondan, sin perjuicio de que la Administración debe examinar si resulta procedente el rechazo o la invalidación de los respectivos permisos de edificación, en armonía con lo indicado anteriormente". El lunes pasado le enviamos una descriptiva y completa carta al alcalde, a los concejales y al director de obras, con copia a la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados, la que está averiguando todo lo relacionado con los conflictos ciudadanos derivados de la aplicación de la ley respectiva y a la propia Contraloría. A los primeros les informamos que hay que terminar con la chacota y que es tiempo de ponerse serios, aunque sabemos que esta posibilidad es remota. Por ello y con un ánimo de advertencia terminábamos esa comunicación transcribiendo el artículo 22º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que dice " los funcionarios fiscales y municipales serán civil, criminal y administrativamente responsables de los actos, resoluciones u omisiones ilegales que cometan en la aplicación de esta Ley". En todo caso y como algunas obras irregulares ya están terminadas y dado que en Chile no se aplica la ley que obliga a demoler las construcciones que violan los marcos regulatorios, le propusimos a la Comisión de Diputados y a municipalidad infractora que se pensara en compensaciones monetarias a favor de las comunas que tienen déficit de áreas verdes. Lo razonable sería que todo proyecto edificado ilegalmente entregue a la comunidad el equivalente a la mayor ganancia que obtuvo, lo que es muy fácil de calcular. La idea es que se entienda que el pillín descubierto pague y la mejor manera es obligarlos a materializar áreas verdes que son peladeros en las comunas más pobres de la ciudad.